Desde los intentos de prohibición a las aplicaciones para fomentar la transparencia en la administración pública. Los gobiernos y sus variadas actitudes frente al blockchain…
Las criptomonedas entraron en el radar de los gobiernos en 2013. En octubre de ese año, el FBI cerró el sitio de comercio electrónico Silk Road, donde muchas transacciones se desarrollaban en bitcoin.
Meses más tarde, en febrero de 2014, la quiebra del exchange Mt.Gox causó la pérdida de unos 850.000 bitcoin, que por entonces valían unos 450 millones de dólares.
Estos eventos fueron un llamado de atención para los gobiernos: el naciente ecosistema del blockchain no estaba siendo adecuadamente regulado. Desde aquel momento, diferentes países desarrollaron diferentes respuestas frente al blockchain.
En general, Estados Unidos y Europa Occidental crearon marcos legales permisivos. Sus ciudadanos pueden comprar y vender criptomonedas libremente.
Otros países tuvieron una actitud hostil. En 2014, Bolivia prohibió todas las operaciones con criptomonedas, por considerarlas una amenaza al monopolio del dinero estatal.
Otros tuvieron una actitud más ambigua, como Rusia y China. Por momentos, fueron permisivos. Por momentos, se opusieron.
Y algunos otros vieron la oportunidad para desarrollar marcos regulatorios especialmente aptos para el crecimiento de esta industria, como Singapur y Malta. Estos países otorgaron a las startups de blockchain un tratamiento favorable en términos legales e impositivos.
La Polémica de las ICOs
Muchos de los grandes debates regulatorios estuvieron vinculados con las ICOs, las ventas públicas de tokens. Desde la venta inicial de Ethereum, en 2014, muchos proyectos utilizaron esta metodología para recaudar fondos para financiar el desarrollo de plataformas descentralizadas.
En lugar de obtener dinero de fondos de capital de riesgo, como hacen las startups tradicionales, las ICOs permiten a un equipo emprendedor conseguir financiamiento de personas de cualquier lugar del mundo. En medio de la manía, en 2017, proyectos como Filecoin y Tezos levantaron más de 200 millones de dólares cada uno.
Pero las ventas de tokens comenzaron a plantear interrogantes legales: ¿Cuál es el estatus legal de estas monedas? ¿Son activos financieros? ¿Deben regularse como activos financieros?
En Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) desempolvó el Howey Test, un viejo test de la década de 1940, para definir si la venta de token representa un contrato de inversión entre un comprador y un vendedor.Según el Howey test, existe un contrato de inversión si:
- Hay una inversión de dinero,
- En una empresa común,
- Con ánimo de lucro,
- Que viene exclusivamente del trabajo de otros.
En julio de 2017, la SEC utilizó este test al dictaminar que los tokens vendidos por El DAO eran activos financieros porque:
- Los participantes invirtieron dinero (ether),
- En una empresa común (El DAO),
- Con ánimo de lucro,
- A través del trabajo de otros (los fundadores y los curadores de los proyectos a votar).
Esto significó que El DAO había realizado una oferta de valores financieros no registrada e ilegal. Aunque la SEC no persiguió judicialmente a los responsables, su decisión marcó un precedente de que las ventas de tokens necesitan una garantía de validez legal.
En 2018, muchos proyectos empezaron a registrar sus ofertas ante la ley de Estados Unidos como security tokens. Estas ofertas públicas se realizan de manera completamente acorde a la regulación y los tokens solo se venden a inversores autorizados.
Cómo Aplicar las Regulaciones
Un interrogante clave para los gobiernos es: ¿cómo aplicar las regulaciones? ¿Cómo controlar una red distribuida en millones de computadoras de todo el mundo?
Blockchains abiertos como el de bitcoin no pueden ser censurados. La única alternativa para la ejecución de la ley es controlar los puntos de entrada y salida de la red.
El gobierno de Estados Unidos no puede impedir que un ciudadano norteamericano realice un pago desde su wallet anónima.
Pero puede controlar a ese ciudadano cuando compra bitcoin desde un exchange como Coinbase. También puede prohibir a bancos de Estados Unidos ofrecer productos con criptomonedas.
No obstante, en una industria tan móvil y global, las regulaciones pueden generar reacciones adversas. En agosto de 2015, el estado de Nueva York promulgó la BitLicense, para regular las actividades con criptomonedas. Muchas empresas del rubro abandonaron Nueva York y se mudaron a jurisdicciones más amigables.
En este video, Juan Llanos explica los principales desafíos en la regulación del blockchain.
El Blockchain en la Administración Pública
Además de buscar formas de regulación y control, los gobiernos también están investigando aplicaciones de blockchain para incrementar la eficiencia y la transparencia de la gestión pública.
Prevención del Fraude
La seguridad social británica pierde unos 3.500 millones de libras anuales por fraudes y errores. Fallas en los registros y demoras en la actualización en las bases de datos permiten a personas no autorizadas recibir pagos.
Un informe del gobierno británico sugiere que la unificación de los datos en un blockchain privado podría reducir significativamente el fraude en la entrega de dinero público.
Transparencia en el Gobierno
Las actividades de recaudación de impuestos típicamente necesitan varios pasos e intermediarios. Poner todo en un mismo registro potencialmente elimina intermediarios y crea un ambiente donde los reguladores pueden acceder directamente a los datos de las transacciones.
En el terreno de auditoría, históricamente hubo que confiar en terceras partes. Los datos de las transacciones pueden estar escritos en el blockchain, y así estar disponibles para que cualquiera los verifique, ya sea auditores o ciudadanos.
A través de una auditoría en tiempo real sobre el blockchain, el gobierno puede realizar un seguimiento de todas las transacciones.
Seguridad de Datos
Los gobiernos guardan grandes cantidades de datos para el funcionamiento de la sociedad. Por eso, las bases de datos gubernamentales son grandes blancos para el ataque de hackers.
Los riesgos de hackeo y filtración de datos pueden reducirse con estructuras de datos basadas en el blockchain.
El blockchain puede reducir la redundancia, simplificar procesos, reducir la necesidad de auditoría y proteger la integridad de los datos de los gobiernos. También sirve para compartir información entre organizaciones públicas y del sector privado para seguridad social, reclamos de seguros, y pruebas médicas.
En el largo plazo, esto permite a los gobiernos ser más transparentes hacia los ciudadanos y reducir costos.
Financiamiento Público
La municipalidad de Berkeley realizó una prueba piloto con la emisión de microbonos. Históricamente, las comisiones financieras hicieron que los bonos por pequeños montos no fuesen económicamente viables.
El blockchain permite reducir drásticamente estas comisiones, lo que permite reducir sustancialmente el monto del bono mínimo viable: en lugar de emitir bonos por un mínimo de 5000 dólares, el blockchain permite hacerlo por 25.
Se pueden usar smart contracts para gestionar, seguir e implementar el proceso de cálculo de tasa de interés, el repago y la securitización de esos bonos.
Tecnologías de Gobierno
Algunas startups se han especializado en el desarrollo de tecnología de blockchain para gobiernos.
Democracy Earth
La fundación Democracy Earth usa el blockchain para el desarrollo de sistemas de votación seguros y resistentes al fraude electoral.
West Virginia hizo una prueba piloto para usar el blockchain en la votación en elecciones, para los votantes en otros lugares del mundo por servicios militares. Los votantes podrían emitir su voto desde un dispositivo móvil y este se registraba en el blockchain.
Santiago Siri, Presidente de Democracy Earth, explica la utilización del blockchain en la construcción de sistemas de votación seguros.
Kleros
Kleros desarrollan tecnologías de blockchain para reducir los costos y aumentar la transparencia en sistemas judiciales.
Una presentación de Kleros y la aplicación del blockchain en la transformación de los sistemas judiciales.
En los próximos años seguramente veamos un mayor desarrollo del blockchain con aplicaciones cívicas.
El blockchain nació con una ideología libertaria. En algunos casos, abiertamente anarquista. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los problemas de confianza que resuelve el blockchain fueron los problemas para los que fueron creados los gobiernos.
Hoy, los propios gobiernos empiezan a experimentar con la tecnología para ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos.